La planta eléctrica se enciende tres horas al día y es justo en ese momento que empieza el sonido de la música que retumba por todo San Antonio, una de las comunidades que queda a orillas del río Yurumanguí, a tres horas en bote desde Buenaventura. Cuando cae la noche la gente se acerca al Compartel, lugar con Internet wifi dispuesto por el Gobierno para conectar al país rural, y aprovecha para conversar con los que están fuera de la comunidad. La débil señal es suficiente para avisar a los seres queridos cualquier novedad. Un teléfono público suena de vez en cuando y quien esté cerca de él contesta y a gritos avisa al afortunado que en cinco minutos lo llamarán de nuevo.  Para conectarse al teléfono o al wifi hay que comprar un pin que cuesta $1.000 pesos y que dura varios días, siempre y cuando solo se use para WhatsApp, pues Youtube, Facebook e Instagram son un lujo.  

"Yurumanguí" es el nombre de una lengua extinta, y también es un río cuya cuenca alberga alrededor de 3.000 personas, distribuidas en  trece veredas. “Cada vez que se extingue una lengua se extingue un mundo”, dice Graciano Caicedo, o “Gacho”, representante del consejo comunitario de la cuenca del río Yurumanguí.

Estas aguas son de las mejor cuidadas del país. Varias de sus veredas han cerrado las puertas a proyectos mineros y a cultivos de coca, dos de los mayores motores de deforestación en Colombia, pues su gente es conscientes de que estos traen afectaciones al territorio y, en consecuencia, a la forma de vida de estas comunidades negras. En la parte alta del río se practica la minería artesanal tradicional, con batea y sin químicos, y en la partes media y baja, la extracción de madera, la pesca y la producción de bebidas artesanales como el biche. Pero, la presión de los vecinos que han cedido ante las economías ilegales de los grupos armados y de las difíciles condiciones económicas, hacen que cada vez sea más difícil mantener el territorio.